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Blog conjunto de las Plataformas de Empleados Públicos de Torretriana (Hacienda y Administración Pública, Turismo y Educación), Agua-Sevilla, Obras Públicas, Economía e Innovación, Igualdad, Servicio Andaluz de Empleo, Agricultura, Medio Ambiente y Plataforma de Enseñanza Pública.
Y para rematar un fin de semana movidito, en el BOJA núm. 84, del sábado pasado (30 de abril), se da publicidad a diversas resoluciones de la Secretaría General para la Administración Pública, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por las que se aprueban los Protocolos de Integración de Personal en distintos organismos.
Así ocurre en los casos siguientes:
Agencia Andaluza del Conocimiento
Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía
Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía
Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía
Agencia de ObraPública de la Junta de Andalucía
Servicio Andaluz de Empleo
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol.
En BOJA del viernes pasado, día 29 de abril, num. 83, además de la modificación de la RPT de diversas Consejerías, aparecen publicados los decretos que aprueban los estatutos de diversas agencias.
Éstas son:
Agencia Andaluza de Instituciones Culturales
Servicio Andaluz de Empleo
Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía
Agencia Andaluza del Conocimiento
Agencia de ObraPública de la Junta de Andalucía
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol
Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía
Las siguientes plataformas, asociaciones y organizaciones sindicales:
Plataformas y Asociaciones:
Plataforma de Empleados Públicos de Andalucía (PEPA) Plataforma de Opositores y Funcionarios de la Junta de Andalucía Asociación El Tercer Lado Defiendo Mi Derecho y La Gestión Pública Plataforma de Enseñanza Pública de Andalucía
Organizaciones Sindicales:
Central Sindical Independiente y de Funcionarios de Andalucía (CSI-F) Confederación General del Trabajo-Andalucía (CGT-Andalucía) Unión Sindical Obrera-Andalucía (USO-Andalucía) Unión de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores en Andalucía (USTEA) Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía (SAFJA) Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) Asociación de Agentes de Medio Ambiente de Andalucía (AAMAA) Asociación Sindical PIENSA VOLENS Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA)
El próximo sábado 14 de mayo a las 12 horas, nueva manifestación en Sevilla, de carácter autonómico, convocando a todos los empleados públicos y opositores de la Junta de Andalucía, así como a la ciudadanía andaluza, en protesta por la promulgación de la Ley 1/2011, de 17 de febrero, de Reordenación del Sector Público en Andalucía, también conocida como “Ley del Funcionarizo”, así como por la aprobación de los Decretos de Creación de 8 Agencias por el Consejo de Gobierno, el pasado 19 de abril (martes santo), nuevamente con alevosía y en periodo vacacional, tal y como ocurrió con el Decreto 5/2010.
La manifestación transcurrirá desde la Plaza Nueva, pasará por la sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía en el Palacio de San Telmo y finalizará en la Plaza de España.
Esta convocatoria es fruto del acuerdo adoptado en la reunión de empleados públicos andaluces, celebrada en Antequera del pasado 16 de marzo, y a ella concurrirán, además de las Plataformas y Asociaciones de Empleados Públicos, Opositores y Funcionarios, las organizaciones sindicales más representantivas del Sector Público Andaluz en todos sus ámbitos y que no han actuado en connivencia con la Junta de Andalucía, para consumar la aprobación de una ley, a todas luces, inconstitucional.
Sobre la citada inconstitucionalidad de la Ley se ha pronunciado el reconocido jurista Profesor D. Manuel Clavero Arévalo, en el informe emitido a petición de la Plataforma de Empleados Públicos de Andalucía y que ha sido presentado al Defensor del Pueblo Andaluz, D. José Chamizo de la Rubia, para su remisión a Dña. Mª Luisa Cava de Llano y Carrió que, en la actualidad, ostenta -en funciones- el cargo de Defensora del Pueblo Español, a fin de que interponga, como uno de los órganos legitimados para ello, recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
El pasado 19 de abril se aprobaron en Consejo de Gobierno los estatutos de las ocho nuevas agencias, momento que estábamos esperando para poder iniciar el proceso de recurso de todos y cada uno de los Decretos por los que se aprueban los mismos. La publicación en BOJA está prevista para este jueves 28 de abril, si no consiguen adelantarla al miércoles 27.
De conformidad con lo acordado por la mayoría de asistentes a las Asambleas de Empleados/Empleadas Públicas convocados por PEPA-Sevilla, entre las que se incluye las distintas plataformas, vamos a iniciar a partir de hoy (martes 26 de abril) la recaudación para abonar los gastos derivados de la defensa jurídica del caso por parte del Profesor Clavero. El presupuesto para los recursos está estimado en, 4.000 por cada estatuto + IVA + procurador x 8 estatutos), se ha acordado una previsión de gastos totales de 45.000 €. (con IVA incluido, gastos de notario, procurador...)
En cuanto a la parte proporcional de gastos que nos correspondería abonar a cada persona, como ya sabéis, inicialmente aportamos 6 euros (para abonar el informe de inconstitucionalidad realizado por el Prof. Clavero) de los cuales solo consumimos para ese fin 2 € (al sumarse muchas más personas de las inicialmente esperadas), quedando un saldo a favor (11.900 €), que se destinará a este fin.
Córdoba, como también sabéis, apuesta por contratar al bufete cordobés de Mariano Aguayo por un presupuesto de 60.000 euros. El resto de provincias está en proceso de decisión.
Nuevas incorporaciones de otras provincias o nuevos compañeros que se adhieran no se descartan. Tras hacer una nueva estimación de gastos de los recursos que se van a interponer ahora, así como del número de compañeros/as que han manifestado su intención de sumarse a esta iniciativa, entendemos que con una nueva aportación de 15 euros por persona podríamos estar en condiciones de hacer frente a todos los gastos.
En caso de que la cantidad recaudada ahora resultase superior a la parte proporcional que finalmente nos corresponda abonar, el exceso será devuelto a cada persona.
En caso de que haya compañeros/as que no se sumaran a la iniciativa anteriormente y quieran hacerlo ahora, deberán abonar 21€ (los 6€ iniciales y los 15€ de ahora).
Hoy martes 26 de abril se dará un paso importante, las 20 personas que delegarán su representación y defensa jurídica en Clavero en nombre de todas las personas de las plataformas, formalizarán ante notario este proceso legal.
El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha solicitado a la Defensora Estatal, María Luisa Cava de Llano, actualmente en funciones, la presentación de un recurso en el Tribunal Constitucional contra la Ley de Reordenación del Sector Público de Andalucía, conocida como «funcionariazo» o «ley del enchufismo». Chamizo, de esta forma, da respuesta positiva a la petición que días atrás le hizo la Plataforma de Empleados Públicos de Andalucía (PEPA), tras hacerle entrega del dictamen que sobre la citada normativa emitió el profesor Manuel Clavero, en el que aprecia que varios de sus artículos pueden ser inconstitucionales.
Auxiliadora Honorato, portavoz de la PEPA, informó a ABC que el Defensor del Pueblo Andaluz ya ha tramitado la petición del recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Reordenación de la Junta, que en su caso deberá presentar el Defensor del Pueblo Estatal.
Informe «demoledor»
Chamizo, que días atrás se entrevistó con una delegación de la PEPA, recibió en ese encuentro el dictamen que por encargo de los empleados público realizó sobre la citada Ley el catedrático Manuel Clavero, un informe calificado por los trabajadores de «demoledor», y en el que se cuestiona seriamente la legalidad de la normativa auspiciada por la Consejería de Hacienda y Administración Pública. De hecho, el informe de Clavero es la principal baza de los empleados públicos para «convencer» al Defensor del Pueblo y que el «funcionariazo» llegue al Tribunal Constitucional.
En paralelo, la Plataforma va a requerir también los servicios del profesor para que impugne en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) los estatutos de la agencias que conforman el nuevo modelo de la Administración andaluza. De hecho, miembros de la PEPA entregarán hoy a Manuel Clavero el preceptivo poder notarial para que actúe en nombre de los empleados públicos, según señaló la portavoz de estos últimos, Auxiliadora Honorato.
Los estatutos, aprobados por el Consejo de Gobierno el pasado martes, serán también objeto de recurso por los sindicatos CSIF, Safja y Ustea una vez se publiquen en el BOJA el próximo jueves.
La Ley Orgánica de Eduación (LOE) establece que «el acceso al Cuerpo de Inspectores de educación se realizará mediante concurso-oposición». No obstante, dicha afirmación quedaba matizada, ya que recogía que, en las convocatorias de acceso al Cuerpo de Inspectores, las administraciones educativas podrían reservar plazas para ser cubiertas por concurso de méritos. Esta reserva está destinada para aquellos directores de centros públicos con evaluación positiva, al menos, durante tres mandatos.
En abril de 2010, el BOJA publicó la aprobación de la oferta de empleo público para el Cuerpo de Inspectores de Educación, que se concretaba en 72 plazas, de las cuales se reservaban 17 para ser cubiertas mediante concurso de méritos por los directores. A día de hoy, la Orden de convocatoria sigue sin publicarse, con lo cual, ni directores, ni posibles opositores, ni funcionarios del Cuerpo de Inspectores de Educación saben a qué atenerse.
Pues bien, las prisas y los bandazos clásicos de la educación han hecho olvidar cuestiones fundamentales.
Una, que la LOE se publicó en 2006 y el mandato de un director es de cuatro años, luego habría que esperar hasta el 2018 para disponer de esas tres evaluaciones positivas del cargo de director (doce años).
Dos, que en Andalucía, hasta el año 2007 no se reguló ese informe de evaluación que permite acceder, sólo por concurso, al Cuerpo de Inspectores.
Y tres, que al menos dos de los citados mandatos –como director– se van a basar en una norma de 2001, en la que se recogía que los informes de evaluación positiva de los mismos tenían una finalidad económica, pero no tenían el efecto que se esgrime ahora: abrir la «puerta trasera» para el acceso al Cuerpo de Inspectores de educación. De este modo, nos encontraríamos ante un fraude de ley.
Está claro que la apuesta del viceconsejero de Educación no coincide para nada con el objetivo del consejero de Educación de establecer una hoja de ruta que permita superar el fracaso escolar que sufren nuestros alumnos, verdaderas víctimas de un sistema educativo improvisado.
Resulta necesario y urgente establecer la oposición como única vía de acceso al Cuerpo de Inspectores de educación, tal y como ha hecho la Junta de Andalucía al cambiar el modelo de acceso a la función pública. A la inspección de educación deben acceder los docentes con mejor vocación y preparación, que garanticen una verdadera mejora de nuestro sistema educativo.
Tendremos que lamentar, una vez más, de confirmarse la convocatoria andaluza de acceso restringido «a la carta» de directores al cuerpo de inspectores, no sólo un fraude de ley, sino la pérdida de una oportunidad para mejorar nuestro sistema educativo: contar con los inspectores de educación más preparados, técnica y pedagógicamente, para poder ejercer –con responsabilidad– su labor.
