Día 26/04/2011
El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha solicitado a la Defensora Estatal, María Luisa Cava de Llano, actualmente en funciones, la presentación de un recurso en el Tribunal Constitucional contra la Ley de Reordenación del Sector Público de Andalucía, conocida como «funcionariazo» o «ley del enchufismo». Chamizo, de esta forma, da respuesta positiva a la petición que días atrás le hizo la Plataforma de Empleados Públicos de Andalucía (PEPA), tras hacerle entrega del dictamen que sobre la citada normativa emitió el profesor Manuel Clavero, en el que aprecia que varios de sus artículos pueden ser inconstitucionales.
Auxiliadora Honorato, portavoz de la PEPA, informó a ABC que el Defensor del Pueblo Andaluz ya ha tramitado la petición del recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Reordenación de la Junta, que en su caso deberá presentar el Defensor del Pueblo Estatal.
Informe «demoledor»
Chamizo, que días atrás se entrevistó con una delegación de la PEPA, recibió en ese encuentro el dictamen que por encargo de los empleados público realizó sobre la citada Ley el catedrático Manuel Clavero, un informe calificado por los trabajadores de «demoledor», y en el que se cuestiona seriamente la legalidad de la normativa auspiciada por la Consejería de Hacienda y Administración Pública. De hecho, el informe de Clavero es la principal baza de los empleados públicos para «convencer» al Defensor del Pueblo y que el «funcionariazo» llegue al Tribunal Constitucional.
En paralelo, la Plataforma va a requerir también los servicios del profesor para que impugne en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) los estatutos de la agencias que conforman el nuevo modelo de la Administración andaluza. De hecho, miembros de la PEPA entregarán hoy a Manuel Clavero el preceptivo poder notarial para que actúe en nombre de los empleados públicos, según señaló la portavoz de estos últimos, Auxiliadora Honorato.
Los estatutos, aprobados por el Consejo de Gobierno el pasado martes, serán también objeto de recurso por los sindicatos CSIF, Safja y Ustea una vez se publiquen en el BOJA el próximo jueves.
