miércoles, 27 de abril de 2011

Recaudación defensa jurídica Profesor Clavero


El pasado 19 de abril se aprobaron en Consejo de Gobierno los estatutos de las ocho nuevas agencias, momento que estábamos esperando para poder iniciar el proceso de recurso de todos y cada uno de los Decretos por los que se aprueban los mismos. La publicación en BOJA está prevista para este jueves 28 de abril, si no consiguen adelantarla al miércoles 27.

De conformidad con lo acordado por la mayoría de asistentes a las Asambleas de Empleados/Empleadas Públicas convocados por PEPA-Sevilla, entre las que se incluye las distintas plataformas, vamos a iniciar a partir de hoy (martes 26 de abril) la recaudación para abonar los gastos  derivados de la defensa jurídica del caso por parte del Profesor Clavero. El presupuesto para los recursos está estimado en, 4.000 por cada estatuto + IVA + procurador x 8 estatutos), se ha acordado una previsión de gastos totales de 45.000 €. (con IVA incluido, gastos de notario, procurador...)

En cuanto a la parte proporcional de gastos que nos correspondería abonar a cada persona, como ya sabéis, inicialmente aportamos 6 euros (para abonar el informe de inconstitucionalidad realizado por el Prof. Clavero) de los cuales solo consumimos para ese fin 2 € (al sumarse muchas más personas de las inicialmente esperadas), quedando un saldo a favor (11.900 €), que se destinará a este fin.

Córdoba, como también sabéis, apuesta por contratar al bufete cordobés de Mariano Aguayo por un presupuesto de 60.000 euros. El resto de provincias está en proceso de decisión.


Nuevas incorporaciones de otras provincias o nuevos compañeros que se adhieran no se descartan. Tras hacer una nueva estimación de gastos de los recursos que se van a interponer ahora, así como del número de compañeros/as que han manifestado su intención de sumarse a esta iniciativa, entendemos que con una nueva aportación de 15 euros por persona podríamos estar en condiciones de hacer frente a todos los gastos.

En caso de que la cantidad recaudada ahora resultase superior a la parte proporcional que finalmente nos corresponda abonar, el exceso será devuelto a cada persona.

En caso de que haya compañeros/as que no se sumaran a la iniciativa anteriormente y quieran hacerlo ahora, deberán  abonar 21€ (los 6€ iniciales y los 15€ de ahora).

Hoy martes 26 de abril se dará un paso importante, las 20 personas que delegarán su representación y defensa jurídica en Clavero en nombre de todas las personas de las plataformas, formalizarán ante notario este proceso legal.

Plataforma de Empleados Públicos de Andalucía
en Sevilla  www.pepasevilla.com

¡NO AL DESPILFARRO EN LA GESTIÓN PÚBLICA!
¡NO A LA AGENCIALIZACIÓN!
¡DEROGACIÓN DE LA LEY DE "DESORDENACIÓN" Y SUS MEDIDAS COMPLEMENTARIAS!
¡POR LA INDEPENDENCIA Y LA TRASPARENCIA EN EL ACCESO Y EN LA GESTIÓN PÚBLICA!


EL DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ LO VE CLARO Y SE MOJA

Chamizo pide al Defensor Estatal que recurra el «funcionariazo»
Día 26/04/2011

El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha solicitado a la Defensora Estatal, María Luisa Cava de Llano, actualmente en funciones, la presentación de un recurso en el Tribunal Constitucional contra la Ley de Reordenación del Sector Público de Andalucía, conocida como «funcionariazo» o «ley del enchufismo». Chamizo, de esta forma, da respuesta positiva a la petición que días atrás le hizo la Plataforma de Empleados Públicos de Andalucía (PEPA), tras hacerle entrega del dictamen que sobre la citada normativa emitió el profesor Manuel Clavero, en el que aprecia que varios de sus artículos pueden ser inconstitucionales.
Auxiliadora Honorato, portavoz de la PEPA, informó a ABC que el Defensor del Pueblo Andaluz ya ha tramitado la petición del recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Reordenación de la Junta, que en su caso deberá presentar el Defensor del Pueblo Estatal.

Informe «demoledor»

Chamizo, que días atrás se entrevistó con una delegación de la PEPA, recibió en ese encuentro el dictamen que por encargo de los empleados público realizó sobre la citada Ley el catedrático Manuel Clavero, un informe calificado por los trabajadores de «demoledor», y en el que se cuestiona seriamente la legalidad de la normativa auspiciada por la Consejería de Hacienda y Administración Pública. De hecho, el informe de Clavero es la principal baza de los empleados públicos para «convencer» al Defensor del Pueblo y que el «funcionariazo» llegue al Tribunal Constitucional.
En paralelo, la Plataforma va a requerir también los servicios del profesor para que impugne en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) los estatutos de la agencias que conforman el nuevo modelo de la Administración andaluza. De hecho, miembros de la PEPA entregarán hoy a Manuel Clavero el preceptivo poder notarial para que actúe en nombre de los empleados públicos, según señaló la portavoz de estos últimos, Auxiliadora Honorato.
Los estatutos, aprobados por el Consejo de Gobierno el pasado martes, serán también objeto de recurso por los sindicatos CSIF, Safja y Ustea una vez se publiquen en el BOJA el próximo jueves.

jueves, 21 de abril de 2011

EL CORTIJO EN LA ENSEÑANZA: EL NEPOTISMO MAS ABSOLUTISTA PARA QUE EL DESASTRE EDUCATIVO SEA COMPLETO

Acceso «a la carta» al cuerpo de Inspección Educativa

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Diccionario Inteligente
20 Abril 2011
La Ley Orgánica de Eduación (LOE) establece que «el acceso al Cuerpo de Inspectores de educación se realizará mediante concurso-oposición». No obstante, dicha afirmación quedaba matizada, ya que recogía que, en las convocatorias de acceso al Cuerpo de Inspectores, las administraciones educativas podrían reservar plazas para ser cubiertas por concurso de méritos. Esta reserva está destinada para aquellos directores de centros públicos con evaluación positiva, al menos, durante tres mandatos. 
 
En abril de 2010, el BOJA publicó la aprobación de la oferta de empleo público para el Cuerpo de Inspectores de Educación, que se concretaba en 72 plazas, de las cuales se reservaban 17 para ser cubiertas mediante concurso de méritos por los directores. A día de hoy, la Orden de convocatoria sigue sin publicarse, con lo cual, ni directores, ni posibles opositores, ni funcionarios del Cuerpo de Inspectores de Educación saben a qué atenerse.
 
Pues bien, las prisas y los bandazos clásicos de la educación han hecho olvidar cuestiones fundamentales.
 
Una, que la LOE se publicó en 2006 y el mandato de un director es de cuatro años, luego habría que esperar hasta el 2018 para disponer de esas tres evaluaciones positivas del cargo de director (doce años).
 
Dos, que en Andalucía, hasta el año 2007 no se reguló ese informe de evaluación que permite acceder, sólo por concurso, al Cuerpo de Inspectores.
 
Y tres, que al menos dos de los citados mandatos –como director– se van a basar en una norma de 2001, en la que se recogía que los informes de evaluación positiva de los mismos tenían una finalidad económica, pero no tenían el efecto que se esgrime ahora: abrir la «puerta trasera» para el acceso al Cuerpo de Inspectores de educación. De este modo, nos encontraríamos ante un fraude de ley.
 
Está claro que la apuesta del viceconsejero de Educación no coincide para nada con el objetivo del consejero de Educación de establecer una hoja de ruta que permita superar el fracaso escolar que sufren nuestros alumnos, verdaderas víctimas de un sistema educativo improvisado. 
 
Resulta necesario y urgente establecer la oposición como única vía de acceso al Cuerpo de Inspectores de educación, tal y como ha hecho la Junta de Andalucía al cambiar el modelo de acceso a la función pública. A la inspección de educación deben acceder los docentes con mejor vocación y preparación, que garanticen una verdadera mejora de nuestro sistema educativo.
 
Tendremos que lamentar, una vez más, de confirmarse la convocatoria andaluza de acceso restringido «a la carta» de directores al cuerpo de inspectores, no sólo un fraude de ley, sino la pérdida de una oportunidad para mejorar nuestro sistema educativo: contar con los inspectores de educación más preparados, técnica y pedagógicamente, para poder ejercer –con responsabilidad– su labor.

 Ángeles GUERRA es inspectora de Educación

miércoles, 20 de abril de 2011

LA RUTA DEL TRIFÁSICO: DE UN SITIO BUENO A OTRO MEJOR

Nombramientos del Consejo de Gobierno de 19/04/2011


El Gobierno andaluz aprueba nombramientos en cinco consejerías


El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy los siguientes nombramientos en la consejerías de Economía, Innovación y Ciencia; Agricultura y Pesca; Igualdad y Bienestar Social; Cultura, y Medio Ambiente:

Consejería de Economía, Innovación y Ciencia
- Secretario General de Innovación y Sociedad de la Información: Juan María González Mejías

Consejería de Agricultura y Pesca
- Gerente de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía: Isabel Liviano Peña
- Director General Económico-administrativo de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía: Ángel Aguayo Marín
- Director General de Servicios Técnicos de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía: José Carlos Maldonado Borrego
- Director General de Inspección, Control y Análisis de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía: Miguel Ángel González García

Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
- Director Gerente de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía: Julio Samuel Coca Blanes

Consejería de Cultura
- Gerente de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales: Alberto Mula Sánchez
- Director de la Agencia Amdaluza de Instituciones Culturales: Luis Miguel Jiménez Gómez

Consejería de Medio Ambiente
- Secretario General de Agua: Juan Paniagua Díaz
- Director Gerente de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía: Francisco Mora Recio
- Directora General de Infraestructura y Explotación del Agua: María Belén Gualda González
- Director General de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico: Javier Serrano Aguilar

Consejo Consultivo de Andalucía
- Consejeras y consejeros electivos: María Luisa Balaguer Callejón, Marco Jesús Gutiérrez Melgarejo, Ángel Manuel López y López, María Dolores Martínez Pérez, Eduardo Román Vaca, Carmen Sáez Lara, José Antonio Sánchez Galiana, Rafael Escuredo Rodríguez y Francisco Gutiérrez Rodríguez
Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha ratificado en su puesto a Rafael Blanco Perea como director gerente de la Agencia de Obra Pública de la Junta (designado por la consejera de Obras Públicas y Vivienda el 25 de enero de 2011).

Asimismo, han sido ratificados en sus puestos a María Agapita García Cubillo como directora gerente de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria (APES) Hospital de Poniente de Almería; a Félix Mata Fuentes como director gerente de la APES Costa del Sol; José Luis Gómez Barreno como coordinador ejecutivo de la APES Costa del Sol; Alfonso Gámez Poveda como director gerente de la APES Hospital Alto Guadalquivir, y Manuel Huerta Almendro como director gerente de la APES Bajo Guadalquivir.

Juan María González Mejías, secretario general de Innovación y Sociedad de la Información
Juan María González Mejías, nacido en Sevilla en 1970, es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla y máster en Economía y Dirección de Empresas por el Instituto de Estudios Superiores de la Empresa (IESE) de la Universidad de Navarra. Desde julio de 2010, dirigía la desaparecida Secretaría General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información.

González Mejías también fue presidente y consejero delegado de Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía (Invercaria). Previamente, ocupó el cargo de coordinador general de la empresa de Limpieza y Protección Ambiental de Sevilla (Lipasam) y la asesoría económica y dirección del Observatorio de Innovación de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.

Isabel Liviano Peña, gerente de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía
Isabel Liviano Peña, nacida en Medellín (Badajoz) en 1956, es licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla y funcionaria del Cuerpo Superior de Administradores de la Junta de Andalucía. Desde 2009, ha ocupado el cargo de secretaria general técnica de la Consejería de Agricultura y Pesca. La gerente de Agapa ha sido secretaria de los ayuntamientos de Madrigal de la Vera y Brozas (Cáceres). Asimismo, ha sido secretaria general técnica de la Consejería de Gobernación (2008-09) y estuvo doce años al frente de la Secretaría General del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM). Liviano Peña también ha ocupado el cargo de jefa de servicio de Administración General y Contratación de la Consejería de Asuntos Sociales y de Relaciones con el Parlamento de la Consejería de la Presidencia.

Ángel Aguayo Marín, director general Económico-Administrativo de la Agapa
Ángel Aguayo Marín (Ronda, 1963) es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid. Desde el año 93 venía desempeñando el cargo de director financiero-apoderado y responsable del Área Administrativa-Financiera de las Empresas Públicas de la Estación de Esquí de Sierra Nevada. Fue miembro del Comité Organizador de los Campeonatos del Mundo de Esquí Alpino celebrado en Granada en 1986.
El nuevo director general de Económico-Administrativo de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera (Agapa) ha ocupado puestos de responsabilidad también en la empresa privada, donde ha trabajado como auditor de la firma Arthur Andersen-Deloitte (1986-1990) y responsable de Planificación Financiera en Costain Developments (1990-1993).

José Carlos Maldonado Borrego, director general de Servicios Técnicos de la Agapa
José Carlos Maldonado Borrego (Montilla, 1959) es ingeniero agrónomo por la Universidad de Córdoba y funcionario del Cuerpo Superior Facultativo de la Junta de Andalucía desde 1991. En la actualidad y desde 2009 ocupaba el cargo de jefe de servicio de Asentamientos Agrarios en la Dirección General de Regadíos y Estructuras Agrarias de la Consejería de Agricultura y Pesca.
El nuevo director general de Servicios Técnicos de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera (Agapa) ha ocupado otros puestos de responsabilidad dentro de la Consejería de Agricultura y Pesca, como los de jefe de servicio de Intervención y Feader (2008-2009) y de Cereales, Aceite y Productos Ganaderos (1998-2008). También ejerció como profesor y subdirector de la Escuela de Formación Profesional Náutico Pesquera de Huelva

Miguel Ángel González García, director general de Inspección, Control y Análisis de la Agapa
Miguel Ángel González García, natural de Córdoba, ciudad en la que nació en 1962, es doctor en Veterinaria por la Universidad cordobesa. Hasta el momento ocupaba el puesto de director del Laboratorio de Producción y Sanidad Animal de Sevilla, dependiente de la Consejería de Agricultura y Pesca.

El nuevo director general de Inspección, Control y Análisis de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera (Agapa) es funcionario de carrera desde el año 1986, año en el que se incorporó como técnico superior del Servicio de Ganadería del Área de Desarrollo Económico de la Diputación de Sevilla. Asimismo, ha dirigido el Laboratorio Concertado de Sanidad Animal de Sevilla (1989-1992) y ha sido de jefe del Servicio de Sanidad Animal en la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera (1992-2005).

Julio Samuel Coca Blanes, director gerente de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia
Julio Samuel Coca Blanes (Sevilla, 1967) es licenciado en Derecho por la Universidad Hispalense y es diplomado en Alta Dirección de Instituciones Sociales por el Instituto San Telmo. Abogado especializado en Derecho Penal, desde enero de 2010 estaba al frente de la ahora suprimida Secretaría General para la Atención a la Dependencia, cargo desde el que ha impulsado la implantación del Sistema de Atención a la Dependencia.

El nuevo director gerente de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia ha ocupado destacados puestos de responsabilidad en la administración andaluza, en la que ha sido director general de Instituciones y Cooperación con la Justicia y director general de Reforma Juvenil, ambas de la Consejería de Justicia y Administración Pública (2000-2004) y director general de Personas con Discapacidad de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social (2008).

Alberto Mula Sánchez, gerente de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales
Alberto Mula Sánchez (Madrid, 1957), licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, desempeñaba en la actualidad el cargo de subdirector general del Instituto Andaluz de las Artes y las Letras.

En este organismo de la Consejería de Cultura, Alberto Mula ha ocupado también los puestos de director económico financiero y director de Programas de Colaboración e Instituciones del Patrimonio, así como el de gerente del Centro Andaluz de Teatro (CAT).
También ha ejercido de 2006 a 2010 como gerente del Instituto de la Cultura y de las Artes de Sevilla, entidad dependiente del Ayuntamiento Hispalense.

Luis Miguel Jiménez Gómez, director de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales
Luis Miguel Jiménez Gómez (Martos, Jáen, 1959) es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid y diplomado en Dirección de Empresas por el Instituto Internacional San Telmo de Sevilla. Desde el año 2010 ocupaba el puesto de director gerente del Instituto Andaluz de las Artes y las Letras.
Anteriormente ha desempeñado las funciones de jefe de la Unidad Económica Financiera de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, director gerente de la Empresa Pública de Deporte Andaluz y director económico-administrativo de la Empresa Pública de Desarrollo Agrario y Pesquero.
También ha ejercido en el ámbito de la Junta como secretario general técnico de la Consejería de Asuntos Sociales, subdirector general de Gestión Económica del Instituto Andaluz de Servicios Sociales y, entre otros cargos, como director provincial de Gestión Económica del Servicio Andaluz de Salud en Huelva.

Juan Paniagua Díaz, secretario general de Agua
Juan Paniagua Díaz (Vélez-Málaga, 1948) es licenciado en Matemáticas por la Universidad de Granada y profesor de Secundaria. Desde mayo de 2009 ocupaba el cargo de director gerente de la desaparecida Agencia Andaluza del Agua.
Paniagua fue presidente del Consejo Asesor de RTVE en Andalucía (2004-09), viceconsejero de la Consejería de Agricultura y Pesca (1996-2004) y presidente del Instituto Andaluz de Reforma Agraria. Durante esta etapa participó en la elaboración de las leyes de Pesca y Acuicultura y la de creación del Instituto Andaluz de Formación Agraria, Pesquera y de Agricultura Ecológica, entre otras. El secretario general de Agua fue, asimismo, delegado provincial en Málaga de la Consejería de Educación y Ciencia (1989-1996).

Francisco Mora Recio, director gerente de la Agencia de Medio Ambiente y Agua
Francisco Mora Recio (Huelva, 1969) es Ingeniero Superior de Minas por la Universidad Politécnica de Madrid. Desde mayo de 2010 ha desempeñado el cargo de consejero delegado de la extinta Empresa Pública de Gestión Medioambiental (Egmasa).
El nuevo director gerente de la Agencia de Medio Ambiente y Agua trabajó en el Centro de las Nuevas Tecnologías del Agua (CENTA) de la Consejería de Obras Públicas y Transportes (1996-2003), donde colaboró en la investigación y desarrollo de proyectos de depuración de aguas residuales. Asimismo, fue director de actuaciones de cooperación Andalucía-Marruecos en este mismo organismo (2003-04), y asesor del gabinete de la Dirección General del Agua del Ministerio de Medio Ambiente (2004). En este último cargo, desarrolló tareas de planificación, tramitación, ejecución y seguimiento de obras hidráulicas.

María Belén Gualda, directora general de Infraestructuras y Explotación del Agua
María Belén Gualda (Granada, 1974), es ingeniera de Caminos, Canales y Puertos y desde enero de este año ha ocupado la Dirección General de Infraestructuras y Explotación de la desaparecida Agencia Andaluza del Agua.
La nueva directora general inició su experiencia en la Administración autonómica en 2002, cuando entró a formar parte de la empresa pública Gestión de Infraestructuras de Andalucía, SA (Giasa) en el área de Obras Hidráulicas. En 2005 se incorporó a Egmasa y en 2007 fue designada jefa de la Unidad de Obras de Andalucía Occidental. Entre octubre de 2008 y septiembre de 2009 desempeñó el cargo de directora general de Transportes de la Consejería de Obras Públicas. Gualda fue, asimismo, directora de la División de Infraestructuras Ambientales y Gestión del Agua de la Empresa de Gestión Medioambiental, SA (Egmasa) entre noviembre de 2009 y enero de 2001.

Javier Serrano, director general de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico
Javier Serrano (Huelva, 1957) es ingeniero de Montes por la Universidad Politécnica de Madrid y funcionario de carrera del Cuerpo Superior Facultativo de la Junta de Andalucía. Desde enero de 2009 ocupaba el cargo de director general de Dominio Público Hidráulico de la desaparecida Agencia Andaluza del Agua.
Serrano también fue director general de Planificación y Gestión en esta Agencia (2008-09). Antes de su incorporación a la misma, desempeñó los puestos de comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir; jefe del Servicio de Protección Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente; coordinador de la Oficina Técnica del Corredor Verde del Guadiamar, y secretario general y consejero delegado de la Empresa Pública de Gestión Medioambiental, SA (Egmasa).

AYER SE APROBARON LOS ESTATUTOS DE LAS AGENCIAS: UN GOBIERNO ANDALUZ MORIBUNDO AMPARA A SU RED CLIENTELAR EN CONTRA DE TODOS LOS ANDALUCES

El Consejo aprueba los estatutos de las ocho agencias creadas en el marco de la reordenación del sector público andaluz

La reestructuración, que también incluye cambios en cinco consejerías, suprime 166 directivos y conlleva un ahorro anual de 3 millones de euros

19/04/2011
El Consejo de Gobierno ha aprobado los estatutos de las ocho agencias instrumentales creadas en el marco de la Ley 1/2011 de Reordenación del Sector Público Andaluz. Esta reestructuración, que supondrá un ahorro anual de 3 millones de euros y la supresión de 166 puestos directivos, incluye también la modificación de los organigramas de las consejerías de Economía, Innovación y Ciencia; Empleo; Agricultura y Pesca; Igualdad y Bienestar Social, y Medio Ambiente, cuyos correspondientes decretos también ha aprobado hoy el Gobierno andaluz.

Los nuevos estatutos, negociados con las organizaciones sindicales en el marco de la Mesa General del Empleado Público de la Administración de la Junta, son los de la Agencia Andaluza del Conocimiento, la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, el Servicio Andaluz de Empleo, la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales y la Agencia de Medio Ambiente y Agua.

La Consejería de Economía, Innovación y Ciencia modifica su estructura con la creación de la Agencia Andaluza del Conocimiento, como agencia pública empresarial, y la supresión de la Secretaría General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información.
La Agencia Andaluza del Conocimiento pasa a asumir las funciones y el personal de la Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria, de la Sociedad para el Impulso del Talento (Talentia) y del Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología de Andalucía (CIT Andalucía).

En cuanto a la supresión de la Secretaría General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, sus competencias las asume la Secretaría General de Innovación, que a partir de ahora pasa a denominarse de Innovación y Sociedad de la Información. Entre otras funciones, asumirá las relativas a telecomunicaciones, sociedad de la información e innovación, prospección y evaluación en las administraciones públicas andaluzas.

Asimismo, dentro del proceso de optimización de recursos en Economía, Innovación y Ciencia, se suprime el Centro de Negocios de Madrid y el Instituto de Innovación para el Bienestar Ciudadano. Las competencias de estas dos entidades se trasladan a la Delegación del Gobierno de la Junta en Madrid y a la Agencia Andaluza del Conocimiento, respectivamente.

La creación de la Agencia de Obra Pública constituye el cambio más destacado del proceso de reordenación del sector público andaluz en el ámbito de la Consejería de Obras Públicas. La nueva entidad, que adopta la forma de agencia pública empresarial, surge a partir de las antiguas sociedades Ferrocarriles de la Junta de Andalucía y Gestión de Infraestructuras de Andalucía (GIASA).

La Consejería de Empleo modifica su organigrama con la aprobación de los nuevos estatutos del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), que se convierte en agencia de régimen especial con el fin de aumentar su autonomía, capacidad de gestión y especialización. El nuevo SAE, que mantiene su actual estructura directiva, asume las competencias e integra al personal de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo y de los consorcios UTEDLT (Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico). Del total de puestos directivos que se suprimen en el marco de la reordenación del sector público andaluz, 95 corresponden a estas unidades.

En el ámbito de la Consejería de Salud, la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol pasa a convertirse en la cabecera del grupo integrado por las agencias Bajo Guadalquivir, Alto Guadalquivir y Poniente, que gestionan cuatro hospitales y 11 centros hospitalarios de alta resolución en la comunidad autónoma. Ello implica la aprobación de los nuevos estatutos de la primera de estas agencias (la de mayor antigüedad y volumen de gestión) y la modificación de los del resto.

En la Consejería de Agricultura y Pesca se crea la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera (Agapa) y desaparecen la Empresa Pública de Desarrollo Agraria y Pesquero (Dapsa) y del Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA). Agapa se constituye como agencia de régimen especial para asumir, entre otras funciones, las de ejecución de programas y acciones de fomento; vigilancia e inspección; tramitación de ayudas y subvenciones; gestión de laboratorios, y realización de obras de infraestructuras agrarias y pesqueras. Asimismo, integrará en su seno a las 59 oficinas comarcales agrarias de la comunidad, el Instituto Europeo de Alimentación Mediterránea (Ieamed) y el Complejo Agroalimentario Hacienda de Quinto, situado en Dos Hermanas (Sevilla).

El principal cambio en el organigrama de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social se deriva de la creación de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia y la consiguiente supresión de la Secretaría General para la Atención a la Dependencia. Asimismo, desaparecen la Fundación Andaluza de Servicios Sociales y la Fundación para la Atención a las Drogodependencias e Incorporación Social. La entidad que se crea, configurada como agencia pública empresarial, asume las competencias que hasta ahora venían desarrollando estas fundaciones y la anterior Secretaría. Su creación supondrá el reforzamiento del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, de cuyas prestaciones se benefician en Andalucía 186.400 personas (el 30% del total nacional).

En la Consejería de Cultura, se crea la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales (AAIC), agencia pública empresarial que llevará a cabo funciones de dirección, organización, producción, fomento, promoción y difusión de programas, instituciones, equipamientos e instalaciones culturales. Esto supone la supresión del Instituto Andaluz de las Artes y las Letras.

Finalmente, la Consejería de Medio Ambiente modifica su estructura orgánica con la creación de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, como entidad instrumental adscrita, y de la Secretaría General de Agua. La nueva agencia pública empresarial asume las funciones y el personal de la extinta Empresa de Gestión Medio Ambiental (Egmasa), así como una parte de las competencias de la también desaparecida Agencia Andaluza del Agua, especialmente las relativas a emergencias. La otra parte se traslada a la Secretaría General de Agua, que será la encargada de impulsar los proyectos de la Consejería en materias de planificación, participación, dominio público hidráulico, infraestructuras y explotación de aguas.

viernes, 15 de abril de 2011

Más de 20.000 funcionarios protestan en Cataluña. La lucha en defensa de los derechos ciudadanos a un servicio 100x100 público se amplia

http://www.abc.es/20110415/comunidad-catalunya/abcp-clamor-medicos-docentes-contra-20110415.html

Funcionarios en armas en Cataluña. La lucha en defensa de los derechos ciudadanos a un servicio 100x100 público se amplia.

Clamor de médicos y docentes contra un «tijeretazo irreversible» en Cataluña

Miles de funcionarios toman Barcelona para pedir a Mas que «frene ya» los recortes en hospitales y colegiosEl Gobierno exige a la Generalitat un informe detallado de los ajustes que aplicará

Día 15/04/2011

Más de 20.000 funcionarios protestan en Cataluña. La lucha en defensa de los derechos ciudadanos a un servicio 100x100 público se amplia

http://www.abc.es/20110415/comunidad-catalunya/abcp-clamor-medicos-docentes-contra-20110415.html

Funcionarios en armas en Cataluña. La lucha en defensa de los derechos ciudadanos a un servicio 100x100 público se amplia.

Clamor de médicos y docentes contra un «tijeretazo irreversible» en Cataluña

Miles de funcionarios toman Barcelona para pedir a Mas que «frene ya» los recortes en hospitales y colegiosEl Gobierno exige a la Generalitat un informe detallado de los ajustes que aplicará

Día 15/04/2011

Se esperaba una protesta masiva, aunque superó todas las expectativas y el toque de atención al Gobierno de Artur Mas por el polémico «tijeretazo» fue histórico. Miles de médicos y profesores (20.000 según los organizadores, 10.000 según la Guardia Urbana) acudieron ayer a la llamada de los sindicatos para levantar su voz contra los recortes planteados en hospitales y colegios. Lo hicieron al mismo tiempo que, desde Madrid, la consejera de Sanidad, Leire Pajín, lanzaba una nueva puya al consejero catalán, Boi Ruiz, anunciando que el Gobierno controlará de cerca los ajustes que realice en su Comunidad. Por este motivo, su ministerio ha pedido a la Generalitat un informe en el que detalle qué medidas piensa llevar a cabo para reducir el gasto.

martes, 12 de abril de 2011

Defensor del Pueblo nos ayudará en la tramitación del recurso de inconstitucionalidad


Empleados y empleadas públicas de la PEPA (Plataforma de Empleados Públicos de Andalucía) han hecho hoy entrega del informe elaborado por el Dr. Clavero Arèvalo al Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, con la petición de que en defensa de la ciudadanía andaluza solicite a su homólogo estatal la presentación de un recurso de inconstitucionalidad de la Ley 1/2011 de reordenación de la Administración Pública andaluza ante el Tribunal Constitucional.

El defensor se ha comprometido a dar una respuesta este jueves acerca de esta tramitación comprometiéndose a custodiar la copia del informe en tanto tramita la misma. Por otro lado ha anunciado que junto con su equipo estudiará el documento, prestando especial atención a las causas de incostitucionalidad que según el Prof. Clavero atentan contra los derechos de las y los ciudadanos andaluces emitiendo una declaración institucional mas adelante.


Ademas tenéis en este enlace de RNE en los podcast de los informativos territoriales, en la Crónica de Andalucia del 12 de abril en el minuto 28,42, salimos en directo en una noticia muy significiativa.
http://www.rtve.es/podcast/radio-nacional/cronica-de-andalucia/

IDEAL
http://www.ideal.es/agencias/20110412/mas-actualidad/andalucia/funcionarios-piden-ayuda-chamizo-para_201104121420.html





domingo, 10 de abril de 2011

Completamos la explicación del informe de Clavero...

... desentrañada en rueda de prensa por la compañera Auxi

Principal afectado: LA CIUDADANÏA


Tercera causa: quiebra del principio de Igualdad en el acceso a la función pública



Cuarta causa: vulnera el principio de seguridad jurídica



Próximos pasos en la gestión del Informe, ¿y ahora qué?


Defensa Jurídica contra los Estatutos de las Agencias

viernes, 8 de abril de 2011

Video de la rueda de prensa... las conclusiones explicadas por la compañera Auxi

El papel de ls Emplead@s Públcos en la recaudación:


Conclusiones generales del informe: INCONSTITUCIONALIDAD


Los pilares de la ley son INCONSTITUCIONALES


La primera de las causas de inconstitucionalidad:


y mañana más....

Conclusiones de puño y letra de Clavero Arévalo

Algunas noticias en prensa

Rueda de prensa sobre el informe del profesor Clavero


El Profesor Clavero Arévalo elabora un demoledor informe sobre la Ley 1/2011 de Reordenación del Sector Público de Andalucía afirmando que dicha Ley viola seriamente diversos artículos de la Constitución

Ante el encargo realizado por la Plataforma de Empleados Públicos de Andalucía al ex-ministro de UCD, ex-rector de la Universidad de Sevilla, catedrático jubilado de Derecho Administrativo y Abogado, Profesor D. Manuel Clavero Arévalo sobre la constitucionalidad de la Ley 1/2011 de Reordenación del Sector Público de Andalucía, conocida por “el funcionariazo”, éste ha presentado un extenso dictamen que resulta sumamente demoledor, al afirmar que dicha Ley vulnera seriamente varios artículos constitucionales.

Sevilla, 7 de abril de 2011.- El profesor Clavero Arévalo ha elaborado un minucioso informe sobre la Ley 1/2011 de Reordenación del Sector Público de Andalucía, dictaminando que ésta quebranta gravemente diferentes artículos de la Constitución.

Así, en primer lugar afirma que la carácter con la que se define a las Agencias Públicas Empresariales y a las de Régimen Especial, vulnera el artículo 9.3 de la Constitución que garantiza la seguridad jurídica, al establecer la citada ley que su actividad se regulará por el derecho privado o por el derecho administrativo, pero sin que existan elementos que permitan diferenciar con certeza y seguridad jurídica qué actuaciones serán regulados por la normativa privada y cuales lo serán por la pública, sino que juega con conceptos difusos y contradictorios, lo que creará incertidumbre en su aplicación, por lo que, asimismo, pudiera dar lugar a indefensión de los ciudadanos, taxativamente prohibida por el art. 24.1 de la Constitución, con riesgo de acudir en caso de conflicto a una jurisdicción inadecuada, pudiendo quedar, por ello, igualmente afectada la tutela judicial efectiva.

En segundo lugar, afirma el profesor Clavero que la referida Ley 1/2001 vulnera los artículos 103.3 y 149.1.18 de la Constitución en la medida que nuestra Carta Magna ha decidido que la actividad de las Administraciones Públicas sea desempeñada, como regla de carácter general, mediante un sistema estatutario ejercido por funcionarios públicos, dejando para el personal laboral funciones excepcionales de apoyo relacionadas con oficios diversos. En el mismo sentido se expresa el Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por la Ley 7/2007, y la Ley de la Función Pública de la Junta de Andalucía.

Al contrario de lo preceptuado por la Constitución y el Estatuto Básico del Empleado Público, considera el profesor Clavero que en las Agencias Administrativas Empresariales y de Régimen Especial, la Ley 1/2011 rompe el mandato constitucional que apuesta por un régimen prioritariamente estatutario en la prestación de los servicios públicos tal y como exigen los art. 103.3 y 148.1.18 de la Constitución, e incluso va más allá, al dar preferencia al personal laboral y a la aplicación del Derecho Privado, como queda manifiestamente en evidencia en relación a las Agencia Públicas Empresariales.

Todo esto no es baladí, si tenemos en cuenta que este modelo lo que pretende es preservar los derechos y garantías de los ciudadanos y las ciudadanas, el acceso a los servicios públicos en condiciones de igualdad y bajo los principios de imparcialidad y objetividad. Estas garantías con este nuevo modelo quedan pues rotas definitivamente.

En tercer lugar, en cuanto al sistema de integración en las Agencias Públicas, tanto empresariales, como de régimen especial que la citada Ley 1/2011 para el personal proveniente de todo el entramado empresarial suprimido, vulnera los artículos 14, 23.2 de la Constitución y 55.1 del Estatuto Básico del Empleado Público, pues difiere esa integración a un indeterminado protocolo que se adoptará con la Consejería responsable de la Administración Pública.

En esa línea, advierte el profesor Clavero que la composición del personal de las Agencias Públicas empresariales y de régimen especial será mixto, unos procedentes de los entes extinguidos y otros de la Administración de la Junta de Andalucía, por lo que en dicho proceso se plantea la duda de si todos los integrados han de tener el mismo título para que no exista desigualdad con el fin de respetar lo establecido en los arts. 14, 23.2 de la Constitución y 55 del Estatuto Básico del Empleado Público, pues los requisitos de ingreso para unos y otros han sido muy diferentes, ya que para el personal procedente de los entes extinguidos, su contratación se produjo en el marco del derecho laboral.

Desde las plataformas ya denunciábamos este proceso de una manera más gráfica, al expresar que se estaban mezclando las churras y las merinas, con el único objeto de provocar después la confusión y el consiguiente lavado del empleo negro. En este lío monumental de integraciones de diversa procedencia se dan situaciones ridículas, así, el profesor Clavero manifiesta la paradoja que en la nueva Agencia Andaluza del Conocimiento nunca podrá integrarse el personal funcionario procedente de la extinta Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria, pues la nueva Agencia creada mediante esta Ley 1/2011 expresa que en todo caso su personal se rige por el derecho privado, es decir, que habrá funcionarios obligados a laboralizarse.

Añade el profesor Clavero que incluso en el caso del ejercicio de potestades públicas en el marco de estas Agencias Públicas empresariales, la actividad de los funcionarios ha de ser completa, y no reducirse a la mera firma de expedientes ya tramitados por personal laboral, porque eso significaría una pérdida de la garantía de los ciudadanos que la Constitución impide.

En cuarto y último lugar, el profesor Clavero asegura que la Ley 1/2011 igualmente vulnera el artículo 149.1.18 de la Constitución y 9.2 del Estatuto Básico del Empleado Público al atribuir potestades administrativas a las Agencias Públicas empresariales, algo que nunca ha estado previsto en el art. 149.1.18 de la Constitución, que declara como competencia exclusiva del Estado el régimen estatutario de los funcionarios de las Administraciones.

Por ello, el Estado promulgó el Estatuto Básico del Empleado Público cuyo art. 9.2 reserva exclusivamente a los funcionarios el ejercicio de funciones que impliquen participación directa o indirecta en el realización de potestades públicas o salvaguarda de los intereses generales del Estado o de las Administraciones Públicas, lo que evidentemente queda vetado al personal no funcionario de las agencias, que se rige por el derecho laboral, cuestión que no se puede solucionar con el parche introducido por la reiterada Ley 1/2011 de que sea el personal funcionario de la consejería a la que este adscrita la agencia empresarial, “bajo la dirección funcional de la agencia”, quien realice las funciones relacionadas con las potestades públicas.

miércoles, 6 de abril de 2011

EL PROFESOR CLAVERO CONSIDERA INCONSTITUCIONAL LA LEY DEL DECRETAZO

Un informe de Clavero considera "inconstitucional" la Ley de reordenación del sector público

Un informe del especialista en Derecho Administrativo Manuel Clavero Arévalo considera que la Ley 1/2011 de reordenación del sector público andaluz es "inconstitucional", según ha informado este martes las Plataforma de Empleados Públicos, quien encargaron este dictamen.


5 de abril de 2011

SEVILLA, 5 (EUROPA PRESS)
Un informe del especialista en Derecho Administrativo Manuel Clavero Arévalo considera que la Ley 1/2011 de reordenación del sector público andaluz es "inconstitucional", según ha informado este martes las Plataforma de Empleados Públicos, quien encargaron este dictamen.

Según apuntan estas plataformas, las conclusiones del dictamen son "demoledoras" para la ley y la reestructuración que el Gobierno andaluz impulsa, poniendo especialmente de manifiesto el "grave" perjuicio que supondría para la ciudadanía la aplicación de este modelo. Así, indican que este dictamen supone "un espaldarazo" a la lucha que los empleados públicos de la Junta de Andalucía, autoorganizados en asambleas de trabajadores, comenzaron hace más de nueve meses.

La participación de los empleados públicos en la iniciativa de encargo del informe ha sido "masiva" y en cada centro de trabajo y en cada provincia trabajadores anónimos han hecho posible la recaudación "en tan solo una semana sirviendo de enlace para que miles pudieran participar de esta iniciativa, iniciando así la defensa jurídica de los servicios públicos desde las plataformas".

Asimismo, han informado de que el próximo jueves las Plataformas darán a conocer el dictamen del profesor Clavero al completo.

lunes, 4 de abril de 2011

Necesitamos un nuevo sindicalismo YA


IMPRESIONANTE DESVERGÜENZA

¡NECESITAMOS UN SINDICALISMO NUEVO YA!
!SIN CORRUPTELAS, ATADURAS PARTIDISTAS
SUBVENCIONES Y CANONJÍAS!

Dimite Pizarro.... el cortijo se derrumba! y alguien se cree la excusa???

Dimite el consejero de Justicia de la Junta de Andalucía

Pizarro responde con su cese a la destitución del delegado de su Consejería en Cádiz

EL PAÍS - Sevilla - 04/04/2011

El consejero de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucia, Luis Pizarro, ha presentado su dimisión al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, al conocer que el Consejo de Gobierno de mañana destituirá al delegado de su Consejería en Cádiz, Gabriel Almagro, según ha adelantado la Cadena SER.

La noticia en otros webs

La reacción del consejero evidencia las malas relaciones de la dirección andaluza del PSOE con la del secretario general del PSOE de Cádiz, Francisco González Cabaña.

El último enfrentamiento público se produjo durante la negociación de la candidatura a las municipales en Jerez de la Frontera. Griñán, máximo dirigente socialista regional, desautorizó los intentos de la dirección gaditana de incorporar al urbanista independiente, Manuel González Fustegueras, al número uno de la lista.

Con la dimisión de Pizarro, uno de los hombres claves de los distintos Gobiernos del antecesor de Griñán, el vicepresidente Manuel Chaves, el actual presidente del Ejecutivo afronta a las puertas de las elecciones municipales y a un año de las autonómicas su cuarta crisis de Gobierno desde su toma de posesión, en abril de 2009.

sábado, 2 de abril de 2011

Miles de funcionarios piden la derogación de la ley reordenación del sector


Diario de Córdoba

Los manifestantes, venidos de toda Andalucía, han recorrido las calles de Córdoba este mediodía

02/04/2011 EFE 




Miles de funcionarios -unos 7.000 según la Policía Local y más de 10.000 para los organizadores- se han manifestado hoy por las calles de Córdoba para pedir la derogación de la Ley de Reordenación del Sector Público, aprobada por la Junta de Andalucía.

El portavoz de la plataforma de empleados públicos de Córdoba, José María Herrera, ha declarado a los periodistas que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, deberá dimitir el día después de que los tribunales "tumben" la ley, eso "si no lo hace antes por la corrupción" en el caso de los ERE irregulares que "ya le está salpicando demasiado".

Para Herrera, la ley es "anticonstitucional, así como los estatutos que se publicarán próximamente" sobre el sector público por lo que ya han contactado con dos despachos de abogados que trabajarán en estos asuntos.

La manifestación partió a mediodía de la avenida Conde de Vallellano y tras recorrer varias calles ha finalizado frente a la Delegación del Gobierno de la Junta, ubicada en la calle San Felipe.

Durante el transcurso de la misma, los participantes venidos desde todas las provincias andaluzas, la mayoría de ellos con camisetas naranjas en las que se critica la nueva ley del sector público, han silbado y han pedido la derogación de esta normativa.

En el discurso final, los convocantes han dicho que se han movilizado para mostrar una "lucha" que sigue "muy viva" por "la dignidad del empleo público y por una Administración Pública imparcial, independiente, que esté al servicio del ciudadano".

Los manifestantes también han asegurado que la Junta "sigue teniendo el poder, pero un poder debilitado por la corrupción, la mediocridad, los escándalos, el favoritismo y el despilfarro". 


MANIFESTACIÓN DE CÓRDOBA, OTRO ÉXITO ROTUNDO: hemos acudido más de 15. 000

Más de 15. 000 empleados públicos protestan contra el «decretazo» 

Han recorrido las principales avenidas de Córdoba al grito de «No a la ley del enchufismo»

EFE 2/04/2011
Miembros de sindicatos y plataformas de empleados públicos han asegurado que han superado las expectativas en cuanto a la convocatoria para manifestarse este sábado en la capital cordobesa con el objetivo de mostrarse en contra de la Ley 1/2011 de Reordenación del Sector Público Andaluz, logrando reunir a unas "15.000 personas", según fuentes de dichas plataformas. En declaraciones a Europa Press, estas fuentes han señalado que preveían que el total de personas que se manifestara llegara a la cifra de "10. 000, habiéndose superado, por tanto, en 5. 000 finalmente".
Así las cosas, han aseverado que "no existe calificativo para definir la respuesta que han dado todas las capitales andaluzas" acudiendo a la cita de este sábado. Así, han indicado que los integrantes de los sindicatos y plataformas que se han mostrado en contra de dicha ley "han cumplido el objetivo fundamental" que se había previsto para hacer fuerza en su protesta. De esta forma, todos ellos han recorrido "las principales arterias de Córdoba" al grito de 'No a la ley del enchufismo'. Además, han añadido las señaladas fuentes, "la gente de la calle nos ha mostrado su apoyoy nos ha dado ánimos diciendo que a este gobierno andaluz le queda poco ya".
Los manifestantes, que se han congregado en la capital cordobesa venidos desde todos los puntos de Andalucía, según han manifestado, han protagonizado este encuentro con motivo de "luchar por nuestra dignidad como empleados públicos". Esta manifestación regional ha partido a las 12, 00 horas desde la avenida Conde de Vallellano, a la altura de la Puerta de Sevilla, y ha pasado por Paseo de la Victoria, avenida de Cervantes, avenida de América, avenida del Gran Capitán, hasta el Bulevar, finalizando frente a la Delegación del Gobierno de la Junta en Córdoba.
La acción de protesta forma parte de una serie de movilizaciones acordadas en contra de la Ley de Reordenación del Sector Público de la Junta, entre las que destacan la organización de acampadas "permanentes" en el mes de mayo, la organización de un referéndum entre los empleados públicos sobre dicha ley y nuevas manifestaciones regionales en los meses de abril y mayo en Córdoba y Sevilla.

viernes, 1 de abril de 2011

CLAVERO, RECUENTOS PROVISIONALES ¡MÁS DE 22.OOO EUROS!


DATOS PROVISIONALES (31 de marzo)
SEVILLA:
 
Cultura ------------------------------
---   140 personas
Salud ------------------------------
-------140 personas
D.P. Medio ambiente ---------------          58 personas
SSCC Medio Ambiente -------------         14 personas
Igualdad ------------------------------
--- 335 personas
IAJ ------------------------------
----------20 personas
ESPA ------------------------------
------- 16 personas
Agricultura -----------------------------    374 personas
CEIC ------------------------------
------ 184 personas
Torretriana ------------------------------   608 personas
Obras Públicas ----------------------        230 personas
SAE  ------------------------------
-------199 personas
Agua ------------------------------
-------102 personas
Presidencia:------------------
----------      10 personas

total Sevilla ________________2.430 personas

MÁLAGA:   410   personas
HUELVA:    692   personas
CÁDIZ:        200   personas
ALMERIA:    23   personas


CÓRDOBA, GRANADA y JAÉN: se sumarán más adelante, pues están pendiente reuniones y/o decisiones asamblearias


TOTAL DE PERSONAS 3.755 (22.530 EUROS)

.....Y SEGUIMOS RECAUDANDO (a pesar de que en muchos sitios nos falta gente para recaudar por miedo a significarse frente a los cortijeros)


 Plataforma de Empleados blicos de Andalucía