Un informe jurídico de la Junta pone en duda la reordenación del sector público
Un informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía pone en duda la legalidad de la polémica reordenación del sector público impulsada por el Gobierno que preside el socialista José Antonio Griñán, que mantiene en pie de guerra a los empleados públicos andaluces desde hace ya más de ocho meses.
El documento apela a la Constitución y su "preferencia por el régimen funcionarial" en las administraciones y recuerda que varias sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) aplican un criterio "restrictivo", vetando el trasvase de competencias de la Administración a sus entes instrumentales y a empleados que no sean funcionarios.
La letrada jefe de la Asesoría Jurídica de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, Araceli Morato, emitió un informe de 14 páginas en el que cuestiona la legalidad de la reordenación impulsada por la Junta tras analizar cómo la legislación «reserva en exclusiva a los funcionarios públicos el ejercicio de funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas».
El documento apela a la Constitución y su "preferencia por el régimen funcionarial" en las administraciones y recuerda que varias sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) aplican un criterio "restrictivo", vetando el trasvase de competencias de la Administración a sus entes instrumentales y a empleados que no sean funcionarios.
La letrada jefe de la Asesoría Jurídica de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, Araceli Morato, emitió un informe de 14 páginas en el que cuestiona la legalidad de la reordenación impulsada por la Junta tras analizar cómo la legislación «reserva en exclusiva a los funcionarios públicos el ejercicio de funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas».
