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La aprobación por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de la “reforma de la administración andaluza” mediante Decreto Ley (primero el 5/2020 y luego el 6/2010) ha provocado la movilización y el rechazo de la práctica totalidad de los empleados públicos de la administración autonómica así como una ruptura frontal con UGT y CC.OO al haber firmado acuerdos con la Junta a pesar del rechazo patente de la inmensa mayoría de funcionarios y laborales a los contenidos y a la forma en la que se pretendía implantar esta reforma.
La esencia de la reforma consistía en sistematizar mediante la creación de Agencias la huida del derecho administrativo, es decir: trasladar la mayor parte de la actividad administrativa de un régimen jurídico público a un régimen jurídico privado. Esta tendencia había venido realizándose en la práctica mediante la creación de facto de una administración paralela compuesta por empresas públicas, consorcios, fundaciones, etc., en las que no ha existido ningún control público riguroso ni en materia de contratación de personal ni de gasto, ya que carecían de una regulación específica de carácter integral.
En vez de frenar esta tendencia el Decreto Ley 5/2010 crea un sistema organizado para vaciar de contenido la función pública mediante la creación de distintos tipos de agencias a modo de escalones graduales: agencias administrativas, agencias de régimen especial (un híbrido entre lo administrativo y lo privado) y agencias públicas empresariales, que a su vez se dividen en dos subtipos en función de la pérdida cuasi completa o completa de su naturaleza administrativa.
Este atrevido modelo da al traste con toda la tradición garantista de la administración española que había sobrevivido incluso al franquismo. Además se ha intentado imponer además mediante la técnica del Decreto Ley, es decir no ya sin el adecuado debate social que exigiría esta reforma de dudosa constitucionalidad sino incluso sin el preceptivo debate parlamentario.
Al plantearse precisamente sobre la administración autonómica andaluza frente al resto de las administraciones, supone también una quiebra de nuestra propia Autonomía y un despropósito en este contexto de crisis generalizada donde Andalucía está padeciendo más que nadie con una tasa de paro superior al 27% sobre la población activa: en vez de fortalecer la herramienta más poderosa de que disponemos, la reforma la debilita tanto desde el punto de vista funcional como político.
